ANDIS restableció las pensiones por invalidez en todo el país tras resolución judicial

22 octubre, 2025

La Agencia Nacional de Discapacidad oficializó el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca.

Este miércoles, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) formalizó el restablecimiento de las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas en todo el país. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

La medida responde al fallo judicial emitido el 17 de octubre por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, que extendió a nivel nacional la cautelar dictada en septiembre en el marco de un amparo colectivo. El fallo ordenó a ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas, pagar los haberes retenidos y abstenerse de continuar auditorías o aplicar nuevas suspensiones mientras no haya sentencia definitiva.

Puntos clave de la Resolución 12621/2025:

Se deja sin efecto la suspensión de pensiones por invalidez laboral.
Se reanudan los pagos correspondientes a los beneficiarios.
Se instruye a no iniciar ni continuar auditorías mientras esté vigente la medida judicial.
Se encomienda la notificación a las personas beneficiarias.
Se ordena comunicar la decisión a ANSES para la reactivación de las prestaciones.
El gasto será atendido con partidas presupuestarias disponibles.

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención del organismo por 180 días.

Las causas judiciales fueron impulsadas por organizaciones como la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Esta decisión representa un avance en la protección de derechos de las personas con discapacidad y reafirma el rol del Estado en garantizar el acceso a prestaciones sociales esenciales.