Elías Suárez fortalece la administración responsable del Estado para proteger el equilibrio fiscal
El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó un decreto que dispone una serie de medidas destinadas a fortalecer el control del gasto público, preservar el equilibrio fiscal y financiero de la provincia y garantizar una administración responsable de los recursos del Estado.
La decisión se adopta en un escenario marcado por la disminución sostenida de los recursos provenientes de la coparticipación federal durante 2025, sumado al contexto macroeconómico nacional y a políticas económicas que impactan de manera directa en la actividad productiva y en la capacidad de financiamiento de las provincias.
El decreto establece el refuerzo de los mecanismos de programación, control y evaluación del gasto, fijando pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administración pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado. El objetivo central es asegurar previsibilidad en la gestión y la continuidad de los servicios públicos.
Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de nuevas contrataciones de personal, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento —incluidos programas con fondos nacionales o internacionales—, así como la restricción en la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. También se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya autorización quedará sujeta a la evaluación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
Asimismo, la normativa dispone la prohibición del alquiler de vehículos y maquinarias, la restricción de convenios que impliquen erogaciones para el Estado, la centralización y reducción de viáticos priorizando el uso de reuniones virtuales, y límites estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial. Se refuerza además el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.
En relación con la obra pública, el decreto establece que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que aún no cuenten con adjudicación o contrato firmado serán evaluadas por el Poder Ejecutivo. No obstante, se garantiza la ejecución de los proyectos vinculados a servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, así como aquellos considerados prioritarios para la provincia.
La norma asigna responsabilidad directa a los funcionarios del Poder Ejecutivo, determinando que el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave y la eventual instrucción de sumarios administrativos.
El decreto tendrá vigencia a partir del 10 de diciembre de 2025, por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga o de ser dejado sin efecto total o parcialmente si se superan las causas que motivaron su implementación. Desde el Gobierno provincial destacaron que las medidas apuntan a priorizar el impacto social del gasto público, sostener los servicios esenciales y resguardar los recursos de todos los santiagueños.
———————–Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual
