
El jefe del bloque oficialista de diputados, Máximo Kirchner, impulsó una nueva ley que busca consolidar a las pymes del sector garantizandole cuota, precio y previsibilidad en el tiempo.
El 12 de mayo vence la Ley de biocombustibles y, si bien desde distintas provincias pidieron al Gobierno una prórroga, desde el oficialismo, a través del proyecto presentado por Máximo Kirchner, se busca impulsar una nueva normativa.
La idea es que el segmento de pymes esté regulado con plazos, cupos y precios y que el porcentaje de corte del biodiesel y bioetanol se mantenga en el 5% y 7%. Las petroleras deben agotar ese segmento para adquirir el insumo y, en caso de faltarle producto, podrían pedir autorización a Energía para comprar en el mercado libre. La pymes podrían participar de ese mercado, al igual que las empresas no integradas, pero no así las grandes aceiteras
Prevé que el cien por ciento del corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles en el país sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de biodiesel y bioetanol por un plazo de seis años con la posibilidad que sea prorrogable por otros tres.
«La importancia de esta nueva ley de biocombustibles descansa en la posibilidad de potenciar inversiones, ampliar los beneficios sociales, ambientales, económicos y productivos y que sea una producción descentralizada que genera arraigo y soberanía territorial a su vez que requiere de puestos de trabajo con alta calificación».
destacan los impulsores del nuevo proyecto.
Para garantizar que los biocombustibles destinados al mercado interno sean provistos por empresas pymes, la nueva ley impide que sean asociadas, subsidiarias, controladas o controlantes de un mismo grupo económico o coincidan los integrantes de sus directorios o sus acciones estén en manos de capitales extranjeros.
Este proyecto de ley trae tranquilidad a las provincias productoras de biocombustibles, ya que el sector viene de pasar un año crítico, donde el consumo de combustibles cayó a por la pandemia y el precio de venta por abajo de los costos. Esto hizo que la mayoría de las empresas tuvieran que parar la producción y suspender trabajadores. La situación llegó al punto que el gobierno debió acelerar este nuevo proyecto debido a la presión de los gobernadores de las provincias productoras que veían amenazada una rama productiva de impacto en el empleo local.
Con la nueva ley se pretende la diversificación de la matriz económica del país, el desarrollo de las economías regionales y la industrialización de la producción primaria como la soja, el maíz o mayor valor agregado a la producción de caña de azúcar.
———————–Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual