El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó hoy que el proyecto de Ley de Envases, que tiene dictamen favorable en comisión en la Cámara de Diputados, «cuida al ambiente y las personas» y destacó que el importe que se cobre a las empresas que no puedan reciclar se destinará a los municipios que tengan «un plan de gestión ambiental».
«La ley de Envases cuida al ambiente y las personas y la sostenibilidad implica modificar nuestras formas de producción y consumo. Los envases que no reciclamos generan basurales y contaminan los océanos», expresó Cabandié, y agregó que el proyecto de ley «fomenta la reutilización y uso de materiales amigables con el ambiente, el reciclado y valorización de residuos y la eliminación de los basurales a cielo abierto».
En la reunión de ministros de Ambiente del G20 realizada en julio, en Italia, las principales potencias plantearon la importancia de gestionar mediante principios de responsabilidad extendida del productor, focalizando particularmente en la reducción del uso de plásticos como tema central para atacar el problema de los residuos en los mares que afectan a la fauna.
Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suiza, China, Australia, India, Corea del Sur y Japón, entre otros países, lo incluyen en sus respectivas legislaciones, dijo el ministerio de Cabandié en un comunicado.
Lo mismo ocurre en América Latina y el Caribe, donde «once países contemplan los principios de responsabilidad extendida y compartida del productor en sus normativas», se destacó.
Sobre la tasa ambiental que establece el proyecto y la responsabilidad extendida del productor una vez que coloca los envases en el mercado, Cabandié sostuvo: «Se trata de un principio que aplican las naciones más desarrolladas. Se crea una tasa que tiene como techo el 3 % del precio mayorista, que varía según el material utilizado».
«Los empresarios, junto a consumidores, provincias y municipios, participan de su planificación a través de un Consejo Consultivo«, explicó, y agregó: «El pago de la tasa no es obligatorio, ya que las empresas, con compromiso ambiental, pueden generar sus propios sistemas de recolección. Sino, deben pagar una tasa que financiará el reciclaje en los municipios«.
El ministro también aclaró en Twitter que «los municipios van a estar interesados porque esta tasa que va a ser recaudada por AFIP trae un fideicomiso que nosotros lo transferimos a las ciudades si, solo si, tiene un plan de gestión ambiental».
El proyecto de ley recibió dictamen favorable días pasados por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja, que preside el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos-Buenos Aires) y concejal electo en San Martín.
———————–Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual
