El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), representantes del movimiento feminista de Santiago del Estero y la ministra de la Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta formalizaron pedidos en la Cámara de Diputados provincial para que se impida la asunción del electo legislador Héctor «Chabay» Ruiz, condenado por delitos de abuso sexual.
Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz resultó electo por la lista Frente Patriótico Laborista en las elecciones del pasado 14 de noviembre, por lo que a partir del lunes 6 de diciembre ocupará una banca en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Ruiz fue condenado por distintos delitos de abuso sexual en contra mujeres en 2015 cometidos mientras se desempeñaba como Intendente de La Banda y en la actualidad existe una causa judicial en curso.
Gómez Alcorta recibió en el Ministerio a representantes de organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos el viernes que reclaman la impugnación de la asunción de «Chabay» Ruiz, reclamo que también será visibilizado con una manifestación frente al Congreso de la Nación.
«Estoy profundamente preocupada por las implicancias que puede tener que asuma a un cargo una persona condenada por una violación», expresó la ministra a Télam. Además, señaló que «el único ámbito institucional que tiene posibilidades de intervenir es la propia Cámara de Diputados Provincial, por cuestiones federales».
Ministra de la Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta
En este sentido, Gómez Alcorta confirmó que envió en nombre del Ministerio una nota al presidente de la Cámara de diputados de Santiago del Estero.
La nota concluye: «Sin menoscabar las atribuciones que tiene exclusivamente el Poder Legislativo de la provincia y las demás instituciones provinciales, pero también con la convicción y la responsabilidad que tengo como ministra y este ministerio vinculada a las políticas de estado de derechos humanos, género y diversidad, que son responsabilidades que el propio Estado argentino asumió internacionalmente».
La representante del Inadi, Luisa Paz, afirmó que, tras recibir el pedido de movimientos feministas locales, decidió presentar una nota manifestando la «preocupación» por la asunción de Ruiz y alertar sobre «la gravedad institucional» que ello representa.
Para el MMGyD que asuma en un cargo público una persona condenada por violación durante el ejercicio de la función en el ámbito estatal, como es el caso de Ruiz, atenta contra la calidad de la democracia y de las instituciones. Además, constituye un mensaje negativo para toda la ciudadanía en términos de qué resulta tolerable y qué no y revictimiza a las mujeres violentadas por Ruiz.
———————–Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual
